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Sunday, 11 June 2017 14:12

MAL PRESAGIO / Por Pedro P. Yermenos Forastieri

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Ante una investigación del Ministerio Público puede solicitarse al juez de la instrucción la imposición de medidas de coerción a ser aplicadas de forma provisional mientras concluye dicha investigación. La más grave es la prisión preventiva que debe tener carácter excepcional para que no se traduzca en pena anticipada. ¿Quién resarce una persona por 3, 6, 12, 18 meses de prisión si un tribunal descarga de responsabilidad?
Por la investigación estar en fase inicial, se comprende que en esa etapa no resulta necesario completar la oferta probatoria que será aportada al materializar la acusación. Para la imposición de medida de coerción, no solo prisión preventiva, al juez debe bastarle que, a partir de los hechos y la documentación sometida, la comisión de la infracción resulte posible.
No obstante la naturaleza indiciaria de esta fase, la documentación presentada al magistrado evidencia la fortaleza o debilidad de la investigación en curso y, de manera particular, sus posibilidades de profundizarse e incrementar la robustez de las pruebas que acompañarán la acusación.
juez instruccion y procurador rodriguez
En lo que respecta al caso Odebrecht, dicho con responsabilidad, el documento mediante el cual la procuraduría general de la república solicitó nada más y nada menos que 18 meses de prisión preventiva para los imputados, apenas resultaba suficiente para aplicar medidas coercitivas de menor rigor.
¿Qué implica lo anterior? Que el expediente que nos ocupa precisa ser redimensionado en su investigación, de tal manera que al mismo se sumen elementos probatorios que permitan sostener la acusación en juicio preliminar con posibilidades de propiciar juicio de fondo.
Eso es algo de tanta trascendencia que pone en juego el destino mismo del proceso, lo que equivale a decir que sirva para sentar un necesario precedente que potencialice la lucha contra la impunidad en un sistema que la genera o, por el contrario, se adicione a la larga lista de intentos fallidos en esta materia.
¿Existe la voluntad política para hacer producir a un hecho confesado de tal gravedad sus últimas consecuencias? ¿Es cierto o falso que la institucionalidad encargada de llevar adelante esto tiene un historial que avala la desconfianza? ¿Lo ocurrido hasta ahora pone de manifiesto una investigación objetiva, imparcial y desprejuiciada, o manipulada y utilizada con propósitos políticos?
Lo único que puede garantizar aprovechar esta súbita y foránea oportunidad, es mantener la vigilancia ciudadana, para monitorear los acontecimientos y no vuelvan a meternos los mismos gatos por las liebres de siempre.
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